Las falacias del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia. Una promesa que no llega

 

Noelia García Millán

El incremento de la esperanza de vida y el descenso de la natalidad han generado en nuestra sociedad un envejecimiento progresivo de la población. Este creciente sector poblacional, junto con los enfermos crónicos o las personas con algún tipo de discapacidad, son especialmente vulnerables a encontrarse en una situación de dependencia, dada la probabilidad de presentar limitaciones en el ámbito de su autonomía personal.

La incorporación de las mujeres al mercado laboral ha incrementado la situación de desprotección de estos colectivos, al dejar de asumir éstas el rol de cuidador informal en el seno familiar. Ello hace imprescindible una mayor protección social por parte del Estado hacia estas personas.

En el año 2006,  bajo el gobierno del PSOE, se instauró el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) con la finalidad de promover la autonomía personal y dar respuesta a las situaciones de dependencia. Sin embargo, este novedoso sistema, que debería ser uno de los grandes pilares del Estado del Bienestar, está haciendo aguas tanto por falta de financiación estatal y autonómica, como por el engorroso y lento procedimiento que los solicitantes deben seguir para tener acceso a las ayudas.

El Estado y las comunidades autónomas se acusan mutuamente de no cumplir con el 50% de la aportación financiera que, según la Ley de Dependencia, corresponde a cada uno de ellos; mientras tanto, el sistema se derrumba. Un sistema que, por otro lado, se ha evidenciado poco eficaz para dar respuesta inmediata ante necesidades inminentes, dada su pobre dotación presupuestaria, los limitados medios personales para gestionar y tramitar las solicitudes y el número insuficiente de plazas para acceder a algunos recursos.

Para muchos, el SAAD se ha convertido en un obstáculo burocrático más, dado que sólo pueden acceder a las prestaciones y servicios que ofrece quienes tengan reconocida una situación de dependencia. Lo que deja fuera del mismo a un considerable porcentaje de personas y familias que necesitan apoyo para dar respuesta a situaciones de dependencia aún no reconocidas.

Tras el cambio de gobierno, el Partido Popular propulsó aún más el retroceso del sistema aplicando recortes presupuestarios y aprobando constantes modificaciones restrictivas de la Ley de Dependencia que han dejado fuera del sistema a cientos de miles de solicitantes y retrasado la entrada de un porcentaje considerable de personas dependientes. Se rebajó la cuantía de las ayudas económicas para cuidados en el entorno familiar y se dejó de cotizar a la Seguridad Social por las cuidadoras y cuidadores no profesionales, eliminándose asimismo la retroactividad de la ley, por la que se pagaba a las familias los retrasos en la concesión de la prestación. Ello supone una traba más encubierta, dado que permite a las autonomías mantener las listas de espera sin coste alguno, provocando, además, que muchas personas fallezcan, tras años de espera, sin recibir una ayuda.

Esta realidad unida a que las plazas en centros y residencias no se reponen tras los fallecimientos, está provocando que descienda constantemente el número de beneficiarios. Son muchas personas las que se encuentran en el limbo de la dependencia, es decir, tienen reconocido un grado pero están a la espera de poder acceder a una prestación o servicio. Esta situación lleva a la desesperación a las familias con personas dependientes a su cargo, quienes se ven desbordados por falta de apoyo institucional.

Por su parte, la Junta de Andalucía también ha contribuido a que disminuyan considerablemente el número de beneficiarios, tanto al no reforzar el presupuesto para financiar el sistema, como estableciendo trabas burocráticas y plazos que se eternizan para poder acceder a las ayudas, solicitar una revisión de grado o un cambio de prestación o servicio.

Por otro lado, aunque la ley contempla medidas para atender los periodos de descanso de los cuidadores no profesionales, la realidad es que éstos están sobrecargados por el impacto que las tareas de cuidado tienen en la salud, en su vida laboral y de ocio, y en su economía. No son pocos lo que se ven abocados a abandonar sus empleos o reducir su jornada laboral para atender los cuidados, lo que favorece las situaciones de pobreza.

Las medidas de apoyo y conciliación para las cuidadoras y cuidadores no profesionales que ofrece el sistema son insuficientes, dada la intensidad limitada de algunos servicios, como el de ayuda a domicilio, y la escasa disponibilidad de plazas para acceder a los Centros de Día y de atención residencial.

Respecto a las medidas para la Prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal, que recientemente se han hecho efectivas, podemos afirmar que su desarrollo práctico es, por el momento, limitado, a pesar de que la adopción de dichas medidas supondría un aumento en la calidad de vida de la ciudadanía, disminuyendo así el gasto social y sanitario.

En conclusión, resulta evidente que el sistema, en lugar de ampliarse, vive un retroceso que, de no evitarse, apuntará a su progresivo desmantelamiento. Por tanto, es de vital importancia que los poderes públicos realicen un esfuerzo conjunto para la adopción de un Pacto de Estado que permita reforzar financieramente el sistema para dotarlo de medios personales suficientes y de los servicios y dispositivos asistenciales necesarios que permitan dar respuesta a las necesidades de las personas en situación de dependencia.

Finalmente, es imprescindible agilizar y simplificar los trámites burocráticos para evitar el atasco en las listas de espera y facilitar el acceso a las prestaciones y servicios, dado que se están incumpliendo los plazos legalmente establecidos. Todo ello, sin olvidar la necesidad de, por un lado, proporcionar mayores medidas de apoyo a las cuidadoras y cuidadores no profesionales, especialmente teniendo en cuenta que con ello se reducirán los procesos de la institucionalización, y, por otro, de avanzar en el ámbito de la prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal, favoreciendo así un envejecimiento poblacional activo. Se trata de una inversión futura que no sólo generará empleo, sino que reducirá el gasto sanitario, incrementándose así la futura calidad de vida de los ciudadanos.

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