Ilustrados sanluqueños frente a la Inquisición en el siglo XVIII

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Leonor de Bock Cano

En el interesante estudio publicado este verano por Salvador Daza Palacios sobre la Inquisición en Sanlúcar de Barrameda, aparecen, entre otros muchos casos de procesados, el de un abogado, Jacinto del Mármol, y un médico, Antonio Verde. Ambos eran personas instruidas por su desempeño profesional y social y lectores de obras a las que el pueblo llano con toda seguridad no tenía acceso y, por tanto, susceptibles de sospecha por parte del santo tribunal, esa losa que impidió en nuestro país a lo largo de casi cuatro siglos las posibilidades de avance científico y de libertad de conciencia.

Recordemos que una de las principales actuaciones de la Inquisición en esta ciudad de la desembocadura del Guadalquivir que tanta importancia tuvo desde el siglo XV como puerta de entrada y salida a las Indias, con una gran cantidad de comerciantes extranjeros, en particular portugueses y genoveses, asentados en ella ya desde época anterior, fue, en una primera etapa, la vigilancia del origen o limpieza de sangre de cuantos comerciaban en ella y de cuantos partían hacia las Américas –emigrar les estaba vetado a los judeoconversos y a los herejes–.

Tarea inquisitorial también importante, en particular en la primera mitad del siglo XVII, fue el registro de los cargamentos de todos los barcos que arribaban a la población, a través de los que podían entrar en el reino de España las perniciosas ideas provenientes del extranjero, con toda probabilidad perjudiciales para la pureza de la fe y la ortodoxia católicas. De igual forma se intentaba que los escritos heterodoxos no llegasen a las colonias hispanas de ultramar ni tuvieran difusión en ellas.

Otros delitos perseguidos con el sigilo y la brutalidad propios de este tribunal fueron la bigamia, la sodomía, el mahometismo –viajar a Berbería (norte de África) para comerciar se consideraba ya indicio de un oculto islamismo–, las proposiciones –es decir, el hacer declaraciones en público o en privado contra la doctrina oficial de la Iglesia–, las solicitaciones o intentos de seducción por parte del clero regular o seglar, muchas veces consumados, de mujeres de cualquier estado y condición (pero sobre todo, de las jóvenes) que se acercaban al confesionario, la blasfemia, la brujería y, como antes hemos apuntado, el protestantismo o el anglicanismo.

Vamos a referirnos aquí a dos casos ya de época tardía, pues tuvieron lugar durante los reinados de Carlos III y Carlos IV, momento en que el tribunal empieza a perder fuelle y en el que muchos intelectuales se debaten entre su educación religiosa y su conciencia y educación, que les inclinan a un análisis más racional de la realidad, como sería el caso también del sevillano José María Blanco White.

Uno de ellos fue el del abogado Jacinto del Mármol, malagueño que en 1764, con 25 años, comparece voluntariamente ante un comisario de Granada para declarar sus dudas sobre los principios católicos, en especial sobre la autoridad del papa de Roma. Después de haber abjurado de sus errores y haber sido absuelto, es condenado a rezar un año entero el rosario y a ayunar todos los viernes. Pero en 1776, fue delatado por proposiciones, cuando, además de abogado de los Reales Consejos, ocupaba también el cargo de fiscal de la jurisdicción de Marina en Sanlúcar de Barrameda.

El abogado había declarado, al parecer, que no le importaba no ir a misa los días de fiesta. Después de muchas declaraciones de diversos testigos y registros de su biblioteca, no sabemos cómo terminó el caso, pero no debió de hacerlo mal, puesto que, en 1805, el letrado fue destinado por el Consejo de Castilla como corregidor a Huelva, en virtud de un nombramiento hecho por el duque de Medina Sidonia.

Otro caso muy revelador fue el de Antonio Verde, nacido en Sanlúcar, que había cursado estudios en la Universidad de Sevilla, donde tuvo que presentar sus pruebas de legitimidad y limpieza de sangre para poder obtener el grado de bachiller en Medicina en el curso 1777-1778. Era un hombre de ideas avanzadas que debió estar bajo estrecha vigilancia por haber pedido permiso para leer obras prohibidas, licencia que no sabemos si se le concedió o no.

Llevaba ya muchos años ejerciendo su profesión en Sanlúcar cuando se encontró con una serie de denuncias presentadas contra él entre 1796 y 1799 ante el tribunal de Sevilla, del que dependía entonces el sanluqueño, por «proposiciones heréticas».

En el fondo de estas denuncias lo que había realmente era la opinión del médico de que debían prohibirse los enterramientos en las iglesias, por ser nocivos para la salud. Ya incluso en otras instancias religiosas, desde antiguo se había reconocido que el enterrar a los difuntos en los cementerios no era contrario a la piedad cristiana. Pero el clero local no podía estar de acuerdo con esta medida, porque se jugaba sus propios intereses económicos –los estipendios que recibía por los enterramientos– y la administración de esta parcela social y sanitaria. En efecto, los sacerdotes obtenían más o menos donaciones según que el lugar de la sepultura fuera más o menos distinguido. Es natural que las clases acomodadas tampoco estuvieran de acuerdo, ya que la diferencia de estatus tenía que seguir siendo evidente incluso más allá de la muerte, y no era lo mismo ser enterrado en la cripta de una iglesia a los pies del altar que en un camposanto fuera de la ciudad junto con el común de los mortales.

Sin embargo, ya en 1776, Antonio Ponz, en su célebre Viaje de España, había insistido en la conveniencia de construir los cementerios fuera de las ciudades, y en la Academia Médica Matritense se había tratado de la misma cuestión, desatándose en la época un importante debate sobre el tema. También Gaspar Melchor de Jovellanos, para quien la Inquisición ya no tenía sentido, se oponía a las inhumaciones en la iglesia y dejó dicho en su testamento que quería ser enterrado en el cementerio de la iglesia de San Pedro de Gijón, a cuya construcción él mismo había contribuido. Pero por diversos avatares –ironías de la historia–, su cuerpo acabó reposando primero en la iglesia de San Pedro de su ciudad natal y después, en la capilla de los Remedios, donde permanece.

En 1781, los fiscales del Consejo de Castilla intentaron promover la creación de camposantos separados de las ciudades, y parece que los obispos estuvieron de acuerdo en este punto: algunos incluso manifestaron que no era de recibo el comprobar cómo sufrían los fieles con la fetidez que despedían en las iglesias los cadáveres en plena descomposición, lo que obligaba a estar continuamente perfumándolas con incienso. Algunos de ellos incluso argumentaron que el día de la resurrección universal los cuerpos saldrían de los cementerios igual que lo harían de los templos.

De momento fue inútil, pero el tiempo terminó dando la razón al doctor Verde, ya que en 1804, Carlos IV prohibió enterrar a los fallecidos en las iglesias y más adelante el médico recibiría incluso una distinción por las vacunaciones realizadas en la ciudad.

 

Sin embargo, no siempre se cumplió la norma desde entonces, ya que en 1951, como si volviéramos a tiempos pasados, el general golpista y criminal de guerra Queipo de Llano y su mujer fueron enterrados en el interior de la basílica de la Macarena al pie de un crucificado. El entorno de los barrios Macarena-San Julián del sevillano casco antiguo era entonces de signo proletario, con gran arraigo comunista y anarco-sindicalista, y sobre los terrenos que quedaron baldíos al ser destruidos a cañonazos edificios pertenecientes a estos colectivos, el general empezó a construir la basílica en 1941 «por suscripción popular». Justo al lado de la muralla donde, a raíz del golpe de 1936, había ordenado fusilar a muchas de sus víctimas, en total unas 14.000 sólo en la provincia de Sevilla. La exhumación de los restos del genocida Queipo, por muy hermano mayor que fuese de la cofradía, y su traslado a otro lugar menos significativo de la ciudad hispalense son en este caso una cuestión urgente no de higiene sanitaria, sino democrática.

 

Bibliografía

Leonor de Bock Cano es miembro del Centro de Estudios Históricos de Andalucía, doctora en Filosofía y Letras y catedrática jubilada de instituto.

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