EL CANON DEL REVISIONISMO Y LA HISTORIA LOCAL. A propósito de «1936: Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular»

Manuel Azaña depositando su voto

 

EL CANON DEL REVISIONISMO Y LA HISTORIA LOCAL

A propósito de 1936: Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular

Diego Caro Cancela. Universidad de Cádiz

 

«Cuando las pasiones del pasado mezclan
sus reflejos con los prejuicios del presente, la
mirada se turba sin remedio y, lo mismo que el
mundo de los maniqueos, la realidad humana se
convierte en un cuadro en blanco y negro».
Montaigne ya nos lo había advertido: «Cuando el
juicio se inclina hacia un lado no podemos dejar
de deformar y torcer la narración hacia ese
sesgo».
Marc Bloch, Apología para la historia o
el oficio de historiador
, México, Fondo de
Cultura Económica, 2001, p. 141.

Desde hace menos de una década, ha emergido en la historiografía contemporaneísta española un grupo de historiadores que se han propuesto revisar lo que hasta ahora se había venido escribiendo sobre la Segunda República y la Guerra Civil. De esta manera, no han dudado en presentar a la primera como un régimen excluyente de profundas carencias democráticas y marcada permanentemente por la violencia de los izquierdistas, particularmente de los socialistas. Una situación que, según ellos, se acentuó con el más que discutible triunfo del Frente Popular y después, en la primavera de 1936, cuando el radicalismo de las organizaciones políticas y obreras de estas izquierdas hizo inviable la convivencia democrática, lo que terminó por facilitar la conspiración militar que estalló en forma de Guerra Civil a mediados de julio de 1936.

Creo que es en la introducción que hacen como editores Manuel Álvarez Tardío y Fernando del Rey en el libro El laberinto republicano donde mejor se expresan las intenciones historiográficas de este grupo. Se presentan como una «tercera vía» entre la corriente «neofranquista» que lideraría un polemista como Pío Moa y unos historiadores «frentepopulistas», cuyo nombre más representativo sería Francisco Espinosa, que no dudan en proporcionar una visión idealizada de la República, dentro de una manera de hacer historia, militante y maniquea, vinculada a los movimientos de recuperación de la Memoria Histórica1.

Es en este contexto en el que hay que situar la reciente aparición del libro 1936 Fraude y violencia… del que son autores Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa, en medio de una espectacular campaña de prensa, especialmente entre los periódicos conservadores y con una frase de Stanley G. Payne en la contraportada, sobre su contenido, que no puede ser más espectacular. Este estudio representaría «El fin del último de los grandes mitos políticos del siglo XX»2.

Hace un par de años, en el 2015, Fernando del Rey, en un artículo que publicaba en Studia Historica, negaba la existencia de esta corriente académica calificada de «revisionista» por Ricardo Robledo o de «neoconservadores» en palabras de Alejandro Quiroga y consideraba que eran adjetivos que se empleaban peyorativamente para descalificar una manera de analizar la historia de la Segunda República, libre de prejuicios, buscando «la verdad de los hechos» y amparada en la sola solvencia de sus investigaciones. Trataban, según decía, de «desacralizar» este periodo histórico, rechazando la historia de combate escrita al servicio de causas completamente ajenas al trabajo profesional del investigador3. Pues bien, no parece que este último libro de Manuel Álvarez y Roberto Villa vaya precisamente por este camino, porque lo que hacen estos dos historiadores claramente vinculados a esta llamada corriente «revisionista», en mi modesta opinión, es volver a escribir un relato sobre un episodio central de la Segunda República –sus últimas elecciones democráticas– cargado de prejuicios, haciendo una descripción de los hechos más cercano al franquista Dictamen de la comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes el 18 de julio de 1936 que a lo que hoy día conocemos sobre lo que pasó en aquellos días, después de más de treinta años de investigaciones locales y provinciales que, por cierto, están sistemáticamente ignoradas en este trabajo, como vamos a comprobar a continuación4.

Reclamaba Fernando del Rey en el artículo que citábamos antes que lo que tenían que hacer los críticos con estas investigaciones de los «revisionistas», que son «cualquier cosa menos superficiales o atropelladas», era «montar equipos que indaguen en los papeles y las enmienden –en su caso– pero no practicar la iconoclastia intelectual»5. Esta es la tarea que me gustaría acometer a continuación, sin «montar ningún equipo», pero apoyándome en mis propias investigaciones de más de tres décadas sobre la Andalucía republicana y en muchas de las cosas que se han publicado en estos años por colegas de otras universidades, que nos proporcionan una imagen de estos meses republicanos que nada tiene que ver con la que deja traslucir el relato de Álvarez y Villa. No voy a entrar a describir las características de la manera de investigar y publicar que tienen los historiadores que han sido vinculados a esta corriente «revisionista» –o «renovadora», según la terminología que prefiere Fernando del Rey– a la que pertenecen los dos autores del libro. Es un trabajo que ya ha hecho Ricardo Robledo, en primer lugar, pero también Eduardo González Calleja o Alejandro Quiroga, pero sí me voy a aprovechar del decálogo que elaboró el primero para definirlos, porque será una buena guía para comentar los aspectos más polémicos que tiene el estudio6. Tampoco quiero reiterar las fortalezas y las debilidades que éste tiene, ya comentadas en las reseñas que en las últimas semanas han hecho del mismo, autores como Santos Juliá, José Luis Martín Ramos o Ángel Luis López Villaverde7. Me centraré fundamentalmente en cuatro aspectos concretos que son los que mejor conozco por haberlos investigados directamente o por lo que me han aportado las lecturas que he hecho de las muchas monografías editadas en las últimas décadas. Me refiero a la cuestión de la violencia política que, según Álvarez y Villa, marcaron la campaña de las elecciones, a la radicalidad de los discursos políticos que hicieron los socialistas a lo largo de la misma frente a la «moderación» de sus adversarios; y también comentaré, con nuevos testimonios, el impacto que la participación de los militantes cenetistas pudo tener en los resultados electorales del 16 de febrero de 1936, que los autores del libro, en algunas páginas, parece que admiten y que en otras, lo niegan o matizan de una manera importante, en contra de lo que yo en tres artículos –y con Enrique Montañés en otro– he mantenido en los últimos años sobre el caso concreto de la provincia de Cádiz, en las ciudades de la «Andalucía anarquista», en el conjunto de la región y, más recientemente, en los distritos electorales que dieron el triunfo electoral a las derechas en 1933 y a las izquierdas en 1936. Por último, destacaré algunos aspectos de la discusión de las actas electorales que estos autores relatan, pero centrándose especialmente en el caso de las de Granada porque son las que me parecen más paradigmáticas para valorar el modo en el que está escrito este relato.

Todo es violencia política

Dicen Álvarez y Villa que «la violencia política tuvo una significativa presencia en la campaña electoral de 1936», aunque a continuación, aclaran que lo que después llaman «la violencia electoral» estorbó pero no impidió la competición democrática8. La prueba que dan de esta circunstancia, que también señalan que es «elevada, pero no generalizada», es la Tabla X que insertan en la página 265 del libro sobre los actos de violencia política que se producen entre el 1 de enero y el 16 de febrero de 1936. Un cuadro estadístico que contiene hasta un total de 485 incidentes elaborado con una metodología más que discutible, como ya ha comentado Martín Ramos en su reseña, porque en el mismo se mezclan situaciones tan variopintas como «detenciones policiales con violencia», «manifestaciones con violencia», «violencia en delitos contra la propiedad en el campo», «conflictos por motivos laborales o huelgas» –que no sabemos qué pintan catalogados aquí– o unas inexplicables «agresiones en el ámbito de los ayuntamientos». A mí me ha llamado especialmente la atención la relevancia que le dan a unos sucesos sangrientos que se producen en la provincia de Cádiz los días 17 y 18 de enero de 1936, que yo ya conocía y citaba en mi libro dedicado a la Segunda República en Jerez de la Frontera y al que nunca se me ocurriría meterlo dentro de lo que podríamos considerar violencia política relacionada con las elecciones, porque se produjo casi un mes antes de que la gente fuera a votar y porque parecía más relacionado con delincuentes comunes difusamente anarquistas que con otra cosa, como veremos a continuación. Tan importante le parecen a Álvarez y Villa estos hechos que no dudan en incluirlo en una página del primero de los cuatro cuadernillos de imágenes e ilustraciones que tiene el libro. Reproduciendo en pequeño tamaño una hoja del periódico Mundo Gráfico que incluía seis fotografías más pequeñas todavía, a su lado y como comentario incluían el siguiente texto:

El 18 de enero de 1936 dos pistoleros anarquistas realizan un atentado en Jerez de la Frontera que causa dos muertos. Poco después, tirotean a la Guardia Civil y matan a un teniente, antes de morir en el intercambio de disparos.

Y concluyen: «La violencia política durante la campaña fue mucho más grave de lo que se había supuesto hasta ahora».

Como era un caso que les parecía «especialmente sonado», lo volvían a contar otra vez en la página 262. Ahora, lo que presentaban como «la muerte de dos anarquistas en Arcos de la Frontera», lo explicaban comentando que el hecho se había producido después de que los mismos hubieran perpetrado un atentado en Jerez de la Frontera en el que había muerto un guardia municipal y un obrero. Cuando los guardias los localizaron en la vecina población de Arcos de la Frontera y procedían a detenerlos, iniciaron un tiroteo en el que hirieron de muerte a un alférez de la Benemérita, antes de que dos de los tres pistoleros también resultaran muertos.

Pues bien, como contó la prensa jerezana de aquellos días, que el incidente tenía más que ver con la delincuencia común que con la violencia social o política lo ponía de manifiesto, en primer lugar, las confusas explicaciones que dieron las autoridades sobre la causa de los hechos9. Y en segundo lugar, por lo que tiene de significativo, hay que mencionar el escrito que el mismo día 18 dirigía al alcalde de Arcos el presidente de la sociedad cenetista local y hegemónica entre los trabajadores de la población –Fraternidad Obrera–, en el que comunicaban que su junta directiva había decidido suspender la asamblea que tenía previsto celebrar la semana siguiente, «en señal de duelo por el infortunado Alférez de la Guardia Civil Jefe de esta línea, asesinado tan bárbaramente en el cumplimiento de su dever (sic) hoy día»10.

Pero que las sociedades obreras de la comarca se desligaran de este tipo de comportamientos era algo que a las derechas gaditanas les importaba poco porque, decididas como estaban a utilizar políticamente estos incidentes de orden público en la campaña electoral que se avecinaba, la presentación que hacían de los mismos en su prensa no podía ser más maliciosa políticamente hablando. El Diario de Jerez, propiedad de la extrema derecha carlista que iba coaligada con la CEDA en la misma candidatura por Cádiz, por ejemplo, así presentaba lo ocurrido, al día siguiente del ataque de los pistoleros en el tabanco jerezano y en que el mataron a un obrero tonelero e hirieron gravemente a un guardia civil y al subjefe de la policía municipal jerezana:

Las izquierdas comienzan su campaña electoral (…). Próximas están las elecciones generales. Lo de anoche es un acto de terror y un anticipo de la política que, de triunfar, seguiría el conglomerado izquierdista11.

Estas mezclas que entonces hacían las derechas de incidentes de orden público, delitos comunes, conflictos laborales o actos de violencia para utilizarlos políticamente presentando un panorama de anarquía y desórdenes es la que reproducen Álvarez y Villa en el libro. Era una táctica interesada que no pasó desapercibida para un testigo privilegiado de la situación política española del momento: Claude G. Bowers, el embajador norteamericano en Madrid entre 1933 y 1939. Como luego contaría en su libro de memorias con el argumento de que la República no garantizaba el orden público y para deslegitimarla, los incidentes que se producían en los más variopintos lugares –decía el diplomático estadounidense– eran «cuidadosa y sistemáticamente compuestos diariamente y publicados en los periódicos antidemocráticos bajo un titular permanente: ”Desórdenes sociales en España”». Y añadía Bowers con agudeza:

La prensa extranjera daba la mayor importancia a esto. Era como si en los Estados Unidos, por ejemplo, todas las peleas, todas las muertes, todos los robos, crímenes, huelgas, no importa lo insignificante que fuesen, se anotaran y se publicaran en la primera página del The New York Times bajo el titular permanente: «Desórdenes sociales en los Estados Unidos»12.

La descripción de este ambiente de desorden y caos en el libro de Álvarez y Villa se acentúa en el capítulo séptimo que titulan «Cuatro días decisivos», en el que narran lo que ocurre en España entre el 17 y el 20 de febrero, inmediatamente después de las votaciones. En la página 316 se escribe: «Las ocupaciones de ayuntamientos, los asaltos y motines carcelarios, las concentraciones y asaltos a edificios religiosos, sedes políticas, periódicos y centros recreativos de centro y derecha, y las agresiones a sus dirigentes, arrojaron en esas 36 horas un balance elocuente: 16 muertos y 39 heridos graves». Eso sí, más adelante aclaran que de los muertos producidos los días 19 y el 20 de febrero, aproximadamente un 62 por ciento lo fueron por disparos de las fuerzas del orden. Y entre las poblaciones en que hubo «episodios de extrema violencia» (el subrayado es mío) citan a Cádiz y La Línea. En La Línea, por lo que sabemos, fueron atacadas dos sedes de las derechas y apedreado el casino, sin que resultara nadie herido, pero en Cádiz es que no sucedió en estos cuatro días ningún incidente de relevancia (el subrayado es nuestro). Lo digo basándome en mi propia consulta a la prensa de estos días y por lo que narra un conocido partidario del golpe militar en un libro que escribió al final de la guerra civil, contando todos los incidentes de orden público que se producen en la ciudad entre el 16 de febrero y el 18 de julio de 193613.

El izquierdismo violento del PSOE

En el «decálogo del revisionismo» antes citado de Ricardo Robledo, el punto quinto es la presentación de un «Radicalismo revolucionario (nada retórico) de la izquierda» y especialmente de los socialistas14. Cumpliéndolo, Álvarez y Villa lo que destacan especialmente en el análisis que hacen de los grupos izquierdistas es lo que ellos consideran que es la estrategia insurreccional del Partido Socialista, pero también del comunista, a partir del bienio conservador. Según escriben, cuestionan ya abiertamente la democracia pluripartidista republicana para pasar a defender en sus discursos la necesidad de conquistar el poder político y establecer un régimen dictatorial de corte comunista al estilo de la Rusia soviética.

Hace algunos años, Álvarez Tardío, en el capítulo que dedicaba a la CEDA dentro del libro El laberinto republicano, se quejaba de que los historiadores que presentaban a esta coalición política como «clerical y filofascista» lo hacían porque forzando «bastante las cosas», utilizaban «abundantemente las tijeras para recortar aquellos párrafos de los discursos cedistas que mejor convienen a cada situación»15. Pues este mismo y no otro es el método que él y Villa practican para presentar a los socialistas como un partido de corte revolucionario que utilizó la campaña electoral de 1936 para defender unos postulados radicales en los que no faltaron las menciones a la guerra civil que vendría meses después, repitiendo literalmente la misma cita hasta en dos ocasiones en las páginas 101 y 210 del libro16. ¿Y cómo se hace esto? Pues muy sencillo. Se presenta a Francisco Largo Caballero como la principal y única referencia política del socialismo español y a la fracción que él lideraba como si fuera todo el PSOE, se extraen de sus discursos o declaraciones aquellos párrafos que resultan más «explosivos» y ya tenemos el argumento construido. De este modo, en un apartado que se titulaba «La irrupción del caballerismo», Álvarez y Villa llegan a escribir que lo que los socialistas defendían en vísperas de las elecciones del 16 de febrero era «perseverar por la senda insurreccional y (…) aprovechar las libertades civiles y la tribuna parlamentaria para publicitar el estado terminal de la “democracia burguesa”». Además, se debía convertir al PSOE «en un verdadero instrumento revolucionario, sustituyendo la democracia interna y la estructura federal por mecanismos que concentrasen todo el poder en la dirección nacional, al estilo de lo que los comunistas denominaban con su vocabulario sui géneris “centralismo democrático”»17. En este contexto, que el programa con el que el Frente Popular se presentaba a las elecciones fuera bastante moderado y que se limitara a recuperar la mayor parte de las medidas reformistas del primer bienio no era óbice para que Álvarez y Villa vuelvan a recurrir otra vez a Largo Caballero, esta vez para decir que éste no iba a renunciar a su «programa revolucionario» tal y como anunció en un mitin celebrado en Madrid el 12 de enero. Y dicen también literalmente que «recordó a los republicanos que el PSOE ya no luchaba por la República, sino por el “socialismo” y una “dictadura del proletariado” semejante a la Unión Soviética, a la que dedicó elogios y para la que hubo una atronadora ovación»18.

Pues bien, como son tres afirmaciones del líder ugetista que me han llamado la atención, he querido corroborar su exactitud consultando este discurso que aparece completo en el sexto tomo de sus obras completas, reproducido de lo que publicó El Socialista el 14 de enero. ¿Y qué me he encontrado? En primer lugar, que Largo lo que hace es lamentarse de que los republicanos con los que el PSOE había formado la coalición frentepopulista no habían aceptado las propuestas de nacionalización y socialización de la tierra y la Banca que su grupo había planteado19. En segundo lugar, tampoco dijo que el PSOE «ya no luchaba por la República». Lo que expresó exactamente es lo siguiente: «antes de la República, nuestro deber era traerla; pero, establecida la República, nuestro deber es traer el Socialismo»20. Y en tercer lugar, y lo más relevante, no se dice en todo el discurso por parte de Largo Caballero que el PSOE luchara «por una dictadura del proletariado semejante a la Unión Soviética»21.

¿Por qué se hace esto? Porque se intenta justificar así otro de los puntos del decálogo revisionista. El de la equiviolencia, esto es, la izquierda socialista y comunista que hacía estos discursos violentos y excluyentes, demonizando al adversario, serían tan responsables como los grupos paramilitares de la extrema derecha del clima de violencia que marcaron la campaña electoral y la primavera de 1936, hasta llegar al golpe militar del 18 de julio. Sin embargo, esta relevancia que Álvarez y Villa le dan al «largocaballerismo» en el conjunto de la izquierda y de la política republicana de estos meses tiene poco que ver con la realidad, con el papel que desempeñó en la formación del Frente Popular y necesita ser matizada. Primeramente, porque desde que Largo Caballero dimitió como presidente de la Ejecutiva del PSOE a mediados de diciembre de 1935, al perder una votación sobre el control del Grupo Parlamentario Socialista, su grupo quedó completamente al margen de las decisiones políticas que tomó la dirección del Partido, controlada a partir de ahora por la fracción «centrista» que lideraba Indalecio Prieto. Es verdad que el poder que seguía manteniendo la izquierda «largocaballerista» era importante al controlar completamente la UGT, la dirección de las Juventudes Socialistas y la Agrupación Socialista Madrileña, pero la estrategia política del PSOE a partir de ahora la marcarán los prietistas que, además, son los que dirigirán a El Socialista, como portavoz oficial del PSOE. Que esto era así se puso en evidencia en la formación del Frente Popular y en la conformación del Comité Electoral que coordinó el acoplamiento de sus candidaturas entre los republicanos de izquierda y todos los demás partidos obreros. Como bien ha contado Santos Juliá, los republicanos liderados por Azaña dejaron claro desde un primer momento que sólo pactaban exclusivamente con los socialistas, o lo que era lo mismo, con los prietistas, aunque nada impedía que estos consultaran y ampliaran su representación a otros grupos obreros22. Por este motivo, tanto la UGT como el Partido Comunista, el Partido Sindicalista y las Juventudes Socialistas tuvieron que contentarse con la celebración de reuniones paralelas a las del Comité frentepopulista, a la que asistían los dos representantes del PSOE para explicarles la marcha de las negociaciones y recoger sus opiniones sobre el programa electoral que se estaba negociando. Y, por último, sabemos desde hace ya cuarenta años, desde que en 1977 Santos Juliá publicara su trabajo sobre el grupo «largocaballerista», que en éste una cosa fueron sus discursos y otras sus actuaciones prácticas23. O dicho de otra manera: que lo único que hubo fue un «voluntarismo revolucionario» sin ninguna estrategia a largo plazo, que sólo opuso «bravatas y amenazas» a las políticas conservadoras de la coalición radical-cedista, como se puso en evidencia en la preparación del movimiento de octubre de 193424. Y es que, como ha demostrado Julio Aróstegui en la monumental biografía que le ha dedicado al personaje, éste se hizo eco del malestar que en la clase trabajadora generaron las políticas reaccionarias del bienio conservador y la amenaza del fascismo en Europa, pero no tuvo ningún proyecto ni a medio, ni a largo plazo para articular ese instrumento que debía hacer la revolución obrera que tantas veces reiteró desde la derrota de las izquierdas en las elecciones de finales de 193325. Es más, su principal objetivo, la unificación sindical del proletariado en una única confederación obrera, leyendo sus discursos hoy sólo puede considerarse una auténtica quimera.

Frente a este verbalismo radical que hoy sabemos que nunca fue acompañado por los hechos y que sólo sirvió para dar argumentos a las derechas de la época, sorprende que en este trabajo de Álvarez y Villa se ignoren sistemáticamente otros discursos más prudentes que por aquellas mismas fechas pronunciaron otros dirigentes socialistas y de los partidos republicanos de izquierda llamando a la moderación de sus seguidores. En este aspecto, y por poner un único ejemplo, resulta especialmente llamativo que en el análisis que se hace en el libro de la repetición de las elecciones en la provincia de Cuenca no se haga ninguna referencia a la importante intervención que Indalecio Prieto tuvo en un mitin en la ciudad, el primero de mayo, advirtiendo de las graves consecuencias que podía tener el deterioro de la situación política y el caldo de cultivo que se creaba para la implantación del fascismo26.

La moderación de la CEDA

Si para Álvarez y Villa el izquierdismo radical del PSOE no admitía dudas, tampoco la tenían para presentar a la CEDA como un partido conservador de masas en el que no hubo fascistización alguna. De esta manera, ni siquiera se molestan en ofrecer un estado de la cuestión sobre el importante debate que este asunto ha provocado en la historiografía, con dos posiciones claramente marcadas. Si a principios de los años setenta de pasado siglo, historiadores como Seco Serrano y Robinson, al calor de la cercana edición de las memorias de Gil Robles, no dudaban en presentar a este como un político moderado y posibilista, ajeno a los extremismos de izquierdas y derechas, la respuesta no tardaría en llegarles de la mano de autores como Preston, Montero o Jiménez Campo, que no dudaron en retratar a la CEDA como una organización contrarrevolucionaria, al lado de todas las derechas antirrepublicanas de la época, claramente fascistizada por el cuestionamiento que hacían de la democracia pluripartidista y el Parlamento, y con un grupo juvenil, como eran las JAP en el que estas ideas se mostraban sin ningún tipo de rubor. De este modo, cumpliendo el punto sexto del canon revisionista, aunque hubiera excesos verbales puntuales, Álvarez y Villa, rechazan cualquier tipo de vinculación de la CEDA con los fascismos e ignoran completamente en el libro los argumentos historiográficos de la tendencia que defiende lo contrario27. Y así se nos cuenta que aunque Gil Robles no dudaba en calificar la situación de España como «límite» en 1936, en sus discursos nunca hubo ambivalencias y «menos aún en su acatamiento de la República, de la legalidad vigente y de los procedimientos electorales». Y lo que ocupó la mayor parte del tiempo de los oradores cedistas durante la campaña «no fueron las críticas al liberalismo, sino la reivindicación de su gestión durante el segundo bienio y la defensa de los postulados del catolicismo social»28. Sin embargo, no eran estos los discursos que encontramos cuando descendemos a lo que contaban en las provincias los periódicos y los medios afines a las candidaturas «antirrevolucionarias» que se aglutinaban alrededor de la CEDA. Podría poner muchos ejemplos que hemos encontrado en los numerosos trabajos de sociología electoral que se han hecho, pero voy a recoger sólo dos que proceden de mi estudio sobre estas elecciones en la provincia de Cádiz y que demuestran cuáles eran los mensajes que daban los oradores cedistas y sus prensa. Estas eran, por ejemplo, algunas de las diez primeras medidas que, según el periódico de las juventudes cedistas gaditanas, se iban a tomar si ganaban las elecciones y se le daba «”TODO EL PODER PARA EL JEFE”: 1. Dar a España OTRA CONSTITUCIÓN; 2. Aniquilar el espíritu revolucionario; 3. Limitar las libertades criminales; 4. Prohibir las organizaciones que predican la lucha de clases; (…); 7. Fortalecer el Poder ejecutivo; 8. Estimular la actividad corporativa de la sociedad (…); 10. Cortar los vicios del parlamentarismo». Y esta era la clara advertencia que se le hacía a periódicos madrileños como El Liberal o La Libertad, a los que se calificaba de «prensa prostituida y enfangada en la más vil tarea»: «Ahora chillan y gallean más que nunca porque saben que tienen poca vida: EL JEFE los hará callar para siempre. Para poder lograrlo VOTAD A ESPAÑA»29.

No menos llamativa es la irrelevancia con la que los autores del libro tratan los escarceos del Gil Robles como los altos mandos militares, primero, en el mes de diciembre de 1935, cuando Alcalá Zamora no le encarga formar gobierno y después en la madrugada del 16 al 17 de febrero de 1936, cuando se empezó a conocer la mayoría del Frente Popular y se puso en contacto con Portela, por un lado, y con Franco, por otro, para presionar al primero a que declarara el estado de guerra, abortando así el proceso electoral. Como esto ya ha sido comentado por Martín Ramos en su reseña lo dejo aquí. Sí creo que se le ha dado poca importancia al talante con el que la CEDA afrontó la repetición de las elecciones en las provincias de Cuenca y Granada a principios de mayo de 1936 y los nuevos aliados políticos que buscó. Creo que es una cuestión bastante significativa y relevante porque muestra verdaderamente la deriva antidemocrática que toma Gil Robles y su partido al querer dar la inmunidad parlamentaria a distintos personajes vinculados a la conspiración militar ya en marcha y a un grupo de falangistas encarcelados. Y es que si en la primera provincia no dudó en ofrecer su candidatura a José Antonio Primo de Rivera y al general Franco, en la segunda la invitación fue para el general Varela hasta quedar la lista integrada finalmente por este y otros candidatos del Falange y de la CEDA. El propio Gil Robles fue muy expresivo sobre esta cuestión en sus «memorias»: «la realidad del momento nos obligaba a pensar en una candidatura de batalla» (p. 557). Unos cambios que no pasaron desapercibidos en la prensa rival, como en el diario Política de Izquierda Republicana, que así lo comentaba el 28 de abril: «La CEDA, que se proclamaba legalista, no se cuida ya de guardar las formas. No sólo es en Cuenca donde se une a los fascistas, fomentadores del pistolerismo y alentadores de la sedición, sino en Granada, donde han eliminado de la candidatura electoral a Natalio Rivas y sus amigos, para meter a Ruiz de Alda y otros destacados falangistas». Para Álvarez y Villa, sin embargo, estos cambios propuestos en las candidaturas derechistas, que incluían a nombres de un partido ya declarado ilegal por sus actividades subversivas y paramilitares, sólo reflejaban «el creciente clima de radicalización política»30.

La participación electoral de la militancia anarcosindicalista

Uno de las cuestiones que más interés despertaba en las vísperas de las votaciones del 16 de febrero era comprobar qué actitud podía adoptar ante las urnas toda esa militancia anarcosindicalista que se había abstenido mayoritariamente en las anterior convocatoria de 1933 y que ahora podía tener interés en votar, aunque sólo fuera porque el Frente Popular incluía en su programa una amnistía para sacar de las cárceles a todos los presos políticos y sociales. En otros trabajos, hemos mantenido que esta participación cenetista –no solamente– fue decisiva para el resultado final de las elecciones, pero Álvarez y Villa no lo tienen tan claro31. Después de citar varios manifiestos y declaraciones de algunos cenetistas que aparentemente seguían defendiendo el abstencionismo también ahora en 1936, llegan a la conclusión de que hay que relativizar el impacto de esta participación anarquista en la victoria del Frente Popular, amparándose en «buenos estudios provinciales». Consideran «estimable» mi tesis contraria, pero afirman que «no viene respaldadas por evidencias». Dicen que parto del supuesto de que «los abstenidos de 1933 que votan en 1936 son todos anarcosindicalistas» y que no es correcta la comparación que hago entre los resultados de las elecciones de 1933 y 1936. También afirman que hubiera sido mejor la comparación entre las de 1931 y 1936, aunque a continuación advierten que, «bien es verdad que lastrada siempre por sistemas de partidos y censos electorales –por el sufragio femenino– muy diferentes». ¿En qué quedamos?

Como en otros apartados del libro, en este asunto estos historiadores toman lo que les interesa e ignoran lo que va en contra de sus planteamientos apriorísticos. Y en esta cuestión creo que se equivocan porque no han leído correctamente uno de los dos trabajos míos que citan, ignorando completamente otros tres estudios que también he dedicado a este tema. En primer lugar, no analizo a todos los distritos electorales del país. Sólo estudio el comportamiento de aquellos distritos en los que ganaron las derechas en 1933 y el Frente Popular en 1936 y que tienen una demostrada implantación cenetista, poniendo en relación el censo de electores con el de los afiliados a la CNT. No comento las provincias o distritos donde el arraigo anarquista es irrelevante porque mínima también es, en consecuencia, su influencia electoral. Y en segundo lugar, el cambio de orientación del voto no lo explico sólo por la participación anarquista porque el último apartado del trabajo está dedicado a valorar el impacto que también tiene en estos distritos ese republicanismo centrista que se integró en el partido de Martínez Barrio, abandonando el Radical de Lerroux. Además, para sostener su tesis, Álvarez y Villa recogen declaraciones, manifiestos y artículos de prensa que en las vísperas electorales defienden el abstencionismo, pero no citan todos los que se publican y propugnan lo contrario. Y no sólo esto, ignoran también todas las noticias y declaraciones posteriores a las elecciones que justifican la victoria del Frente Popular por la presencia ante las urnas de los afiliados a la CNT. Resulta llamativo, por ejemplo, que ellos, que conocen y citan varias veces las memorias de Gil Robles, no le presten ningún interés a lo que escribe el líder de la CEDA acerca de las causas que habían provocado su derrota electoral. ¿Cuál era la primera de las nueve que cita? Esta: «Actuación de la CNT». Y escribe a continuación:

En todas las consultas electorales celebradas después de la dictadura de Primo de Rivera, la gran masa de la Confederación Nacional del Trabajo, fiel a su carácter apolítico, se había abstenido de votar. En las elecciones de 1933, los sindicalistas, prácticamente no votaron, y ello restó muchos miles de sufragios a los socialistas y los republicanos. En las elecciones de 1936, durante el período de preparación de las candidaturas del Frente Popular, como ya hemos visto, los directivos de la CNT rechazaron todo compromiso con los partidos de aquel conglomerado político (…). Pero, a última hora, en vísperas de la elección, decidieron lanzar su gran masa de afiliados a las urnas. Votaron, naturalmente, a favor del Frente Popular, a cambio de la amnistía para todos los condenados por el movimiento revolucionario de Asturias. La intervención sindicalista fue decisiva (el subrayado es nuestro) en las circunscripciones de Barcelona, Sevilla y Cádiz e influyó poderosamente en las de Asturias, Valencia, Madrid, Huesca y Badajoz32.

¿Desvaría Gil Robles? No lo parece porque esto mismo es lo que pensaba sobre lo que había ocurrido el día de las votaciones nada menos que el que más información de primera mano tenía sobre el particular gracias a los gobernadores civiles, el entonces presidente del Gobierno, Portela Valladares, a tenor de lo que también escribía en sus memorias. Así cuenta el político gallego sus vivencias del 16 de febrero:

Al regresar al Ministerio, después de la una (del mediodía) me llama al teléfono el gobernador de Cádiz –leal, inteligente y siempre apercibido en los menesteres del cargo– para decirme que las buenas esperanzas que teníamos allí se desvanecían, pues acababa de saber que la F.A.I. y la C.N.T. acudían en masas compactas a los colegios para votar, naturalmente, por las izquierdas. La noticia era de gravedad suma (…). De extenderse a otras provincias, como era de recelar, aquella participación que el gobernador de Cádiz me anunciaba, grandes manchas del mapa electoral sufrirían total cambio en los resultados. Poco tardaron en confirmarse los malos augurios. Antes de la cinco, de Melilla llegaba la noticia del triunfo del candidato del Frente Popular (…). Y de otras provincias comenzaron a fluir noticias, si no oficiales, oficiosas, muy comprobadas, de la intervención cenetista en las elecciones, y de la ventaja arrolladora que esto suponía para las izquierdas33.

¿Ensoñación de un político derrotado? Tampoco lo parece porque esto mismo es lo que creía el periodista Eduardo de Guzmán, enviado a Barcelona para cubrir la jornada electoral, como luego contaría en su historia de la Segunda República, lo que también pensaba el dirigente socialista Juan Simeón Vidarte, el faísta Diego Abad de Santillán o el también periodista Emigdio Molina vinculado a las derechas monárquicas jerezanas34. ¿Todos estos testimonios de la época –que van de la extrema derecha al anarquismo– nos siguen pareciendo irrelevantes? Pues bien, vamos a dar otros dos más, esta vez de dos embajadores extranjeros acreditados en Madrid. El primero, el del diplomático inglés tremendamente conservador Henry Chilton, según lo ha retratado Ángel Viñas, y tan profusamente citado por Álvarez y Villa35. Para él, la victoria de las izquierdas había sido el producto del cambio en el último minuto de la tradicional actitud abstencionista del sindicalismo obrero, a favor de las candidaturas del Frente Popular36. Y el segundo, del embajador sueco en Madrid. En un informe que enviaba a su gobierno atribuía la victoria del Frente Popular al cambio que se había producido en «grandes masas» del electorado, resaltaba el hecho de que en Asturias y Cataluña, donde mayor había sido la represión policial después de «octubre del 34», la victoria de la coalición del izquierdas lo había sido por un amplio margen de votos y, por último, consideraba que la inesperada participación en las elecciones de los sindicalistas de la CNT y la FAI había sido decisiva para el resultado37. ¿No son suficientes testimonios para confirmar lo que también creemos haber demostrado en el trabajo ya citado con los cálculos matemáticos de participación, incremento y transferencias de votos hacia las candidaturas frentepopulistas? Pues, finalmente, invito a que se consulte por Internet la portada del órgano periodístico de la CNT, Solidaridad Obrera, del día 15 de febrero, el anterior a las votaciones, que aparecía en su primera página y a toda columna con el siguiente titular: «¡¡AMNISTÍA!!». ¿No era este el lema principal del Frente Popular? Podríamos comentar también con más detalle la existencia de esa fantasmal «Confederación Nacional de Defensa del Trabajo», que apareció en la campaña electoral e inundó de carteles las calles de Madrid y Cádiz –que sepamos– para confundir a los trabajadores cenetistas, pidiéndoles que no votaran a las izquierdas o los intentos de sobornos a dirigentes de la CNT para que fomentaran la abstención, pero no creo que sea ya necesario.

Un adanismo inexplicable

Sin embargo, no creo que estas cuestiones ya analizadas sean las más relevantes del libro de Álvarez y Villa. Lo que me parece más preocupante es la sistemática ignorancia que muestran estos dos autores de toda la importante bibliografía publicada en los últimos treinta años sobre los distintos aspectos que tratan en el libro. Unos trabajos de sociología electoral que, como ya destacara en 1991 el añorado Javier Tusell en la revista Ayer, constituían una de las líneas de investigación más fructíferas de la historiografía contemporaneísta española38. Pero desgraciadamente este comportamiento intelectual de estos dos historiadores no es ninguna novedad, porque como ya ha señalado Ricardo Robledo en la descripción que hacía de este grupo de historiadores revisionistas, la «escasa o nula atención a otras investigaciones» es una de sus características más señaladas39. No voy a citar las ausencias que de otras comunidades autónomas son más que perceptibles, pero en lo que se refiere a la mía – que es la de Andalucía–, la falta de referencias a trabajos que son fundamentales de prácticamente todas sus provincias me parece sencillamente llamativa.

Decía el admirable Marc Bloch, que si bien el pasado por definición era algo que ya no sería modificado por nada, el conocimiento del mismo era «una cosa en progreso que no dejaba de transformarse y perfeccionarse»40. Pues bien, en este perfeccionamiento del conocimiento del pasado el trabajo de los historiadores que nos han precedido debe ser la base de cualquier investigación que quiera ser solvente y rigurosa. No parece muy aconsejable, metodológicamente hablando, emprender una investigación de la envergadura que tiene la del libro que estamos comentando queriendo acudir directamente a las fuentes archivísticas o hemerográficas, como si estas hubieran permanecido inéditas hasta ahora y no hubiesen sido consultadas nunca. Puede ser más cómodo, porque así nos ahorramos la lectura de miles de páginas y tampoco vemos nuestras hipótesis de partida condicionadas por nada, ni por nadie, pero es evidente que se pierde toda la objetividad que exige el rigor académico y la narración de los hechos queda distorsionada o incompleta. Hay muchos ejemplos a lo largo del libro, como en el caso de la CEDA que hemos comentado, pero donde esta ignorancia de otros trabajos ya publicados resulta verdaderamente insólita es en el análisis que Álvarez y Villa hacen de los resultados electorales de distintas provincias en los últimos capítulos del libro.

Como entrar en detalles en esta cuestión haría interminable esta recensión y como ya José Luis Martín Ramos ha puesto en evidencia las debilidades de los argumentos que se citan para defender el presunto fraude electoral que cometieron las izquierdas, quiero centrarme especialmente en algunos trabajos cuya consulta considero indispensable en cualquier investigación que se haga sobre la sociología electoral de la Segunda República en España y los pongo como paradigmas de otros muchos que no puedo mencionar por razones de espacio. Me voy a centrar sólo en los publicados sobre dos comunidades autónomas que aparecen extensamente comentadas por Álvarez y Villa, pero sin hacer ninguna referencia a las investigaciones que cito a continuación. Por ejemplo: en el caso de Galicia se comentan los resultados de las provincias de Lugo, Orense y especialmente La Coruña, se citan otros trabajos suyos, pero no hay ninguna referencia al que yo creo que es el libro de Emilio Grandío más relacionado con las elecciones y con las del Frente Popular. Me estoy refiriendo a Caciquismo e eleccións na Galiza da II República, aparecido en 199941. Pues todavía más llamativo es el caso de Castilla-La Mancha, que tiene estudiada las elecciones del Frente Popular en todas sus provincias, como es el libro de José Antonio Sancho sobre Ciudad Real, la tesis doctoral de José María Ruiz Alonso sobre Toledo, los artículos de Alejandro Ramón Díez sobre Guadalajara, el libro y otros artículos de Ángel Luis López Villaverde sobre Cuenca y el artículo de Manuel Requena y la tesis de la tan tempranamente fallecida Rosa María Sepúlveda sobre Albacete42. Cinco provincias, por cierto, en las que según toda esta historiografía la victoria de las candidaturas de las derechas estuvo plagada de irregularidades, aunque finalmente la comisión de actas del Congreso de los Diputados sólo enmendara parcialmente los resultados de Albacete y obligara a la repetición de las elecciones en la provincia de Cuenca. Unas anomalías de las candidaturas derechistas en estas y otras provincias, que en contra de lo que hacen con las del Frente Popular, Álvarez y Villa apenas dicen nada, como si todas las actas de estos diputados de las coaliciones cedistas hubieran salido inmaculadas.

Sólo partiendo de este enfoque parcial y beligerante contra el Frente Popular podemos entender el tratamiento que estos dos historiadores dan en el libro al análisis de las elecciones en las provincias de Cuenca y Granada, que fueron las únicas de España en donde se anularon los comicios por las graves irregularidades que acompañaron a la victoria de las candidaturas derechistas. Después de comentar extensamente las discusiones que provocaron estas dos anulaciones en la comisión de actas de las Cortes, escriben:

Como ya se ha explicado, las dos únicas anulaciones, las de Granada y Cuenca, se fundaron en criterios partidistas y, ante la falta de pruebas, hubo de recurrirse al formulismo huero, aplicado a conveniencia, de las «convicciones morales»43.

¿Criterios partidistas? ¿Falta de pruebas?

No voy a decir nada más sobre el caso de Cuenca porque ya ha sido contado por Ángel Luis López Villaverde en su citado libro y en la reciente recensión que ha hecho también de este libro que comentamos, pero detengámonos algo más en el caso de Granada. Llama la atención, en primer lugar, que todo el relato de lo que pasa en las elecciones en esta provincia se sostenga sobre informaciones de la prensa madrileña y tres libros de memorias tan parciales como los de Alcalá Zamora, Portela y Gil Robles44. Y es que a pesar de todas las denuncias que se hicieron, dicen Álvarez y Villa que «no se registró un solo izquierdista herido durante la campaña»45. Sorprende la ausencia de consulta a la prensa de esta provincia cuando sabemos que de estas semanas se conservan los ejemplares de tres periódicos granadinos que dieron bastante información sobre estas elecciones, especialmente el Ideal que era el claro portavoz de las derechas y El Defensor de Granada que lo era de las izquierdas. Y también estaba La Publicidad vinculado al republicanismo radical. Se nos puede decir que no era necesaria tal consulta porque es imposible abarcar a todas las provincias del país, pero es que gran parte de lo que contó esta prensa es lo que ha servido de base a tres libros publicados sobre estas elecciones que tampoco se citan y que no parecen que hayan sido consultados para esta investigación por Álvarez y Villa. En primer lugar, y por orden de publicación está el de Miguel Pertíñez, en segundo lugar el de Mario López, basado en su tesis doctoral y finalmente un tercero que escribieron conjuntamente este último y Rafael Gil Bracero y que en líneas generales recoge los planteamientos hechos por Mario López en el segundo de los libros citados46. No creemos que el hecho de que estos libros no aparezcan en la «bibliografía citada» por Álvarez y Villa sea a consecuencia de un olvido voluntario. Pienso más bien que se trata de una ignorancia deliberaba porque especialmente el segundo de los libros mencionados, el de Mario López, cuenta detalladamente y remitiendo siempre a fuentes contrastables los abusos, las manipulaciones previas en el censo, las coacciones –con partidas de escopeteros incluidas–, las ilegalidades y el gran fraude que cometieron las derechas en la campaña electoral contando con la connivencia del gobernador civil47. Por no faltar no faltó ni las agresiones al candidato socialista Fernando de los Ríos en Padul y en Motril, así comolas presiones de los alcaldes y de la Guardia Civil en otros pueblos de la provincia48. Una campaña que sería denunciada por este líder socialista en las Cortes acusando directamente a Portela de haber montado una «organización terrorista» en la provincia con la fuerza pública llegada de otras y los citados escopeteros. Este es el motivo por el cual Mario López considera que fueron unas elecciones que tuvieron «muy poco de libres» y «un magnífico ejemplo de violencia electoral». Por prácticas, que recordaban al más rancio caciquismo, el fraude, que Álvarez y Villa sitúan en las mesas denunciadas en 8.385 votos, insuficientes para que ganaran las izquierdas, Mario López lo eleva a más de cien mil, entre lo que considera «pucherazo integral» y «pucherazo técnico»49.

Que hubo esta violencia se demostraría en el debate de las actas después de que Prieto acusara a Portela Valladares de haberla permitido como presidente del Gobierno.

Este reconocería que él llegó a pedir al gobernador que pusiera fin a esta ilegalidad, pero tuvo que escuchar lo que a continuación le dijo Fernando de los Ríos desde su escaño: «Usted hizo eso, pero ellos continuaron y yo le informé a usted telegráficamente la víspera de las elecciones».

En palabras del embajador norteamericano que presenció este debate, las elecciones en Granada «habían sido notoriamente deshonestas» porque «la fuerza armada y la coacción jugaron un papel fundamental»50.

Ignorar todas estas circunstancias, como hacen Álvarez y Villa, nos parece especialmente grave porque no permite comprender adecuadamente el clima de tensión y de revancha en el que se desarrolló la segunda vuelta de estos comicios en la provincia y las irregularidades que las acompañaron, esta vez protagonizada por los militantes de los partidos de izquierda, que probablemente así quisieron desquitarse de todos los abusos y penalidades que habían tenido que soportar a lo largo del bienio anterior y en la anterior campaña electoral de febrero.

Dicen Álvarez y Villa en el epílogo del libro que no pretenden animar ningún debate sobre la legitimidad del Gobierno del Frente Popular o de la República como régimen. No lo parece cuando uno termina la lectura del mismo y lee en este epílogo, como resumen, que hubo «una impresionante oleada de violencia entre la tarde del 19 y la mañana del 22» o que «las alteraciones de la Comisión de Actas hicieron engordar la mayoría del Frente Popular con 23 nuevos escaños» o, por último, que habían demostrado que «algo más del 10 por ciento del total de los escaños en las nuevas Cortes (…) no fueron fruto de una competencia electoral en libertad»51. Por este motivo, advertían que lo que contaban podía interpretarse de forma distorsionada. Pues bien, a lo mejor esto es lo que le ha ocurrido a los actuales directivos de la Fundación Nacional Francisco Franco, que a los pocos días de estar el libro a la venta no han dudado en lanzar un comunicado en el que afirmaban que había quedado demostrado, «con cifras y documentos el pucherazo electoral llevado a cabo por los partidos y sindicatos del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936». Por este motivo, reclamaban, entre otras cosas, una «declaración institucional» condenado este fraude, que los partidos que formaron el Frente Popular –hoy legales– es decir, el PSOE, PCE, UGT, CNT (¡), PNV y ERC, pidieran perdón públicamente a todos los españoles y «a la Iglesia Católica que fue una de sus principales víctimas», y que si no lo hacían que fueran ilegalizados «por su pasado delictivo»52. No tengo ninguna duda de las convicciones democráticas de Manuel Álvarez Tardío y de Roberto Villa, a los que personalmente no conozco, ni creo que deseen para su libro este tipo de apologetas, pero son los riesgos intelectuales que se corren cuando se defienden algunos planteamientos que ya hace tiempo que están más que superados por la historiografía contemporaneísta española, especialmente desde la que se ha escrito en los ámbitos local, provincial y regional, que es la que yo he querido reivindicar en esta reseña.

[Notas a pie de página]

1 Manuel Álvarez Tardío y Fernando del Rey (eds.), El laberinto republicano. La democracia española y sus enemigos (1931-1936), Barcelona, RBA Libros, 2012.

2 Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa, 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular, Madrid, Espasa Calpe, 2017, tercera edición.

3 Fernando del Rey, «Por la República. La sombra del franquismo en la historiografía progresista», Studia Historica. Historia Contemporánea, nº 33 (2015), pp. 301-326.

4 Dictamen de la Comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes en 18 de julio de 1936, Madrid, Ministerio de la Gobernación, 1939. Como su propio nombre indica, se trató de un documento encargado por Serrano Suñer a una serie de personalidades que apoyaron la sublevación, que pretendía demostrar el carácter ilegítimo del Gobierno del Frente Popular por haber llegado al poder a través de producirse este contra un gobierno presuntamente «ilegal». Este dictamen tenía un libro-apéndice en el que se recogían las aparentes pruebas de lo que se pretendía demostrar. He consultado el ejemplar que se conserva en la Biblioteca Municipal de Cádiz.

5 Ibidem, p. 319.

6 Ricardo Robledo, Historia científica Vs. Historia de combate en la antesala de la Guerra Civil, en Studia Historica. Historia Contemporánea, nº 32 (2014), pp. 75-94; Y del mismo autor: Ricardo Robledo, «De leyenda rosa e historia científica: notas sobre el último revisionismo de la Segunda República», Cahiers de civilisation espagnole contemporaine [En ligne], 2 | 2015, mis en ligne le 31 mars 2015, consulté le 17 juin 2017. URL: http://ccec.revues.org/5444 ; DOI: 10.4000/ccec.5444 ; Ricardo Robledo, «El giro ideológico en la historia contemporánea española: “Tanto o más culpable fueron las izquierdas”», en: Carlos Forcadell, Ignacio Peiró y Mercedes Yusta (eds.), El pasado en construcción. Revisionismos históricos en la historiografía contemporánea, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2015, pp. 303-338; Eduardo González Calleja, «La historiografía sobre la violencia en la Segunda República española: una reconsideración», en Hispania Nova, nº 11 (2013), en http://hispanianova.rediris.es , pp. 24-34 del PDF; Alejandro Quiroga, «La trampa de la equidistancia. Sobre la historiografía neoconservadora en España», en: Carlos Forcadell, Ignacio Peiró y Mercedes Yusta (eds.), op. cit., pp. 339-363.

7 Santos Juliá, «Las cuentas galanas», en El País (5 de abril de 2017); Ángel Luis López Villaverde, «Lo

que la “verdad” esconde. A propósito de Fraudes y violencias en 1936», en: http://ctxt.es/es/20170503/Firmas/12537/II-republica-frente-popular-golpe-de-estado-alvarez-tardioroberto-villa.htm; José Luis Martín Ramos, «¿Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular? Unas notas de réplica a Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa» en: Espai Marx: http://www.espaimarx.net/es?id=10366

8 Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa, op. cit., pp. 271-272.

9 Se cuentan con más detalles en: Manuel Ramírez López y José Ignacio Gómez Palomeque, 1936. Jerez en guerra, Jerez de la Frontera, Tierra de Nadie editores, 2014, pp. 64-68. Se llegó a escribir que lo que investigaba la Guardia Civil era un robo de joyas cometido en Cádiz.

10 Archivo Municipal de Arcos de la Frontera. Asociaciones y Partidos Políticos (nº 51). Expediente 2. Fraternidad Obrera. Le agradezco a Antonio Ortega Castillo que me facilitara este documento.

11 Diario de Jerez, 18 de enero de 1936. Citado en: Diego Caro Cancela, Violencia política y luchas sociales. La Segunda República en Jerez de la Frontera, Jerez de la Frontera, Ayuntamiento de Jerez, 2001, p. 416.

12 Claude G. Bowers, Misión en España, Barcelona, Grijalbo, 1977, p. 206.

13 Antonio Garrachón Cuesta, De África a Cádiz y de Cádiz a la España imperial, Cádiz, Establecimientos Cerón, 1938.

14 Ricardo Robledo, De leyenda rosa e historia científica…, El decálogo completo en las páginas 92-94.

15 Manuel Álvarez Tardío y Fernando del Rey (eds.), op. cit., p. 127.

16 Fue un comentario que hizo Largo Caballero en un mitin en Alicante, diciendo que los socialistas irían

«a la guerra civil declarada» si se producía una derrota electoral.

17 Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa, op. cit., pp. 36-37.

18 Ibidem, p. 81.

19 Así se recoge en El Socialista esto: «Desgraciadamente, los elementos que con nosotros van a la coalición no aceptan estas medidas; pero nosotros no renunciamos a ellas». Dicho así, no tiene la contundencia con la que Álvarez y Villa lo afirman. Más bien parece un lamento o queja de impotencia. Vid. Francisco Largo Caballero, Obras Completas, Madrid, Fundación Francisco Largo Caballero- Instituto Monsa de Ediciones, 2003, volumen 6, p. 2278. El discurso completo ocupa las páginas 2273- 2289.

20 Ibidem, p. 2273.

21 Como en la nota 47 de la página siguiente se cita además de El Socialista al periódico Mundo Obrero del PCE del 14 de enero como las dos fuentes principales junto a una página de los Escritos de la República del propio Largo que no dice nada, no sabemos si la referencia procede de esta última publicación y es una manipulación interesada.

22 Santos Juliá, Orígenes del Frente Popular en España (1934-1936), Madrid, Siglo XXI de España editores, 1979, pp. 137-138.

23 Santos Juliá, La izquierda del PSOE (1935-1936), Madrid, Siglo XXI de España editores, 1977.

24 Lo de las «bravatas y amenazas» en: ibidem, p. 295.

25 Julio Aróstegui, Largo Caballero. El tesón y la quimera, Barcelona, Debate, 2013. Santos Juliá dice también lo siguiente en la introducción que hace a los Escritos de la República de Largo Caballero: «A pesar de la palabra vibrante y el discurso encendido, este escenario de revolución entrañaba también una actitud pasiva. Eran otros quienes debían tomar la iniciativa, limitándose la clase obrera a responder con todas sus energías intactas». Vid. Francisco Largo Caballero, Escritos de la República. Edicción, estudio preiminar y notas de Santos Juliá, Madrid, Editorial Pablo Iglesias, 1985, p. LXII.

26 El Socialista (2 de mayo de 1936).

27 Un buen resumen de los principales aspectos de esta polémica en: Carlos M. Rodríguez López-Brea, «El centro y las derechas en la Segunda República española: un balance historiográfico», en: Eduardo González Calleja y Álvaro Ribagorda (eds.), Luces y sombras del 14 de abril. La historiografía sobre la Segunda República española, Madrid, Biblioteca Nueva, 2017, pp. 186-195.

28 Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa, op. cit., pp. 220-221.

29 Diego Caro Cancela, La Segunda República en Cádiz: elecciones y partidos políticos, Cádiz, Diputación Provincial, 1987, pp. 244-245.

30 Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa, op. cit., p. 501.

31 Diego Caro Cancela, «El anarcosindicalismo y la victoria del Frente Popular en las elecciones de

1936», en Historia Social, nº 76 (2013), pp. 45-66

32 José María Gil Robles, No fue posible la paz, Barcelona, Ediciones Ariel, 1968, pp. 509-510.

33 Manuel Portela Valladares, Memorias, Madrid, Alianza Editorial, 1988, pp. 172-173.

34 Todos sus testimonios se citan en: Diego Caro Cancela, «El anarcosindicalismo…», pp. 60-64.

35 Ángel Viñas, «Inglaterra y el Frente Popular», en: Manuel Ballarín y José Luis Ledesma, La República del Frente Popular. Reformas, conflictos y conspiraciones, Zaragoza, Fundación Rey del Corral de Investigaciones Marxistas, 2010.

36 Lo cita Emilio Grandío en «Rumores a gritos: ruidos de sable contra el Frente Popular (febrero-mayo 1936)», en Hispania Nova. Nº 11 (2013).

37 Benito Peix Galdart, Suecia y las elecciones españolas a Cortes de 1936, en: Eduardo González Calleja y Rocío Navarro Comás, La España del Frente Popular, Granada, Editorial Comares, 2011, p. 228.

38 Javier Tusell, «El sufragio universal en España (1891-1936): un balance historiográfico», en Ayer, nº 3 (1991), pp. 14-16.

39 Ricardo Robledo, «El giro ideológico…», pp. 311-314.

40 Marc Bloch, op. cit., p. 82.

41 Emilio Grandío Seoane, Caciquismo e eleccións na Galiza da República, Vigo, Edicions a Nosa Terra, 1999.

42 José Antonio Sancho Calatrava, Elecciones en la II República. Ciudad Real (1931-1936), Ciudad Real, Diputación Provincial, 1989. Las denuncias de las protestas formuladas en el escrutinio en la página 286; José María Ruiz Alonso, Toledo escindida. La guerra civil en el sur del Tajo. Los procesos políticos (1936-1939), tesis doctoral, Toledo. UCLM, 2002. Las denuncias de los atropellos electorales cometidos por las derechas y que llevaron a la petición de la anulación de las elecciones en las páginas 133-142; Alejandro R. Díez Torre, Guadalajara, 1936: la primera crisis del caciquismo, en Wad-al-hayara, nº 10 (1983), pp. 137-164. La compra de votos, los sobornos, las detenciones parte de la Guardia Civil y las coacciones que realizaron los agentes electores del conde de Romanones y de la candidatura monárquicocedista se cuentan en las páginas 142-145; Ángel Luis López Villaverde, Cuenca durante la II República. Elecciones, partidos y vida política, 1931-1936, Cuenca, Diputación Provincial, 1997. Sobre las irregularidades detectadas en las elecciones en esta provincia, escribe: «tanto por las coacciones como por el sospechoso escrutinio final –con el “calculado” resultado para candidatos– estas elecciones presentaban irregularidades muy graves» (p. 280). Y sobre Albacete: Manuel Requena Gallego, «Las elecciones del Frente Popular en Albacete», en Al-Basit, nº 11 (1982), pp. 27-72. El presunto fraude electoral se comenta en las páginas 51-53 y 68-70. También: Rosa María Sepúlveda Losa, Republicanos tibios, socialistas beligerantes. La República Social imposible (Albacete, 1933-1936), tesis doctoral, Ciudad Real, UCLM, 2001. Las coacciones gubernativas, las candidaturas transparentes o señaladas, las actas confusas, el rechazo a los interventores del Frente Popular y otras irregularidades se comentan en las páginas 381-386.

43 Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa, op. cit., p. 492.

44 Ibidem, pp. 452-454. La nota que contiene estas referencias es la número quince de la página 572.

45 Ibidem, p. 454.

46 Miguel Pertiíñez Díaz, Granada 1936: elecciones a Cortes, Granada, Universidad de Granada, 1987; Mario López Martínez, Orden público y luchas agrarias en Andalucía. Granada 1931-1936, Madrid, Ediciones Libertarias, 1995; Mario López Martínez y Rafael Gil Bracero, Caciques contra socialistas. Poder y conflictos en los Ayuntamientos de la República. Granada, 1931-1936, Granada, Diputación Provincial, 1997.

47 Mario López Martínez, Orden público…, Las numerosas denuncias se cuentan con detalle en las páginas 426-441.

48 Octavio Ruiz Manjón, Fernando de los Ríos. Un intelectual en el PSOE, Madrid, Editorial Síntesis, 2007, p. 404.

49 La cifra que dan Álvarez y Villa en: op. cit., 468. La de Mario López en: Orden público…, pp. 450-451. Estas páginas también explica en qué consistían los dos tipos de «pucherazos» de los que habla.

50 Claude G. Bowers, op. cit., pp. 216 y 219.

51 Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa, op. cit., pp. 517-524.

52 El comunicado, que está fechado el 22 de marzo de 2017, se puede leer completo en la sección «Comunicados» de la página Web de la Fundación Nacional Francisco Franco.

Anuncios

1 Comment

Deja un comentario