El autogobierno andaluz que el fascismo enterró en una cuneta

 

Dr.  Manuel  Ruiz  Romero
Centro de Estudios Históricos de Andalucía

 

Hay que recordarlo en el 71º aniversario de la conjura del 18 de julio. Alto y claro. Forma parte del capital –democrático y constitucional– que el militarismo fascista truncó y sepultó en una fosa común para que la memoria de los andaluces no fuera consciente de sus posibilidades como pueblo y cultura diferenciada en un Estado integral tricolor. Alto y claro para quien quiera entender: entre todos los valores e ideales que la rebelión militar quiso hacer desaparecer para siempre, cabe señalar la posibilidad de autogobierno para los pueblos de este país de países y, entre ellos, Andalucía. 1936, en buena lógica, significaba restaurar la Restauración. Volver al régimen alfonsino previsto por la Carta Magna de 1876.

No se trataría aquí de decir qué era lo más importante de todo lo que se perdió. Quizás las miles de vidas que aún no han podido ser lloradas ni descansar como se merecen. Sin duda. Pero tener muy presente que el nuevo triunfo del golpismo en la España contemporánea, como mínimo, significaría una regresión en el tiempo que nos hizo perder el tren de las democracias centroeuropeas. El totalitarismo militarista nacionalcatólico, de partido y pensamiento únicos, condenó con su represión al olvido un proceso que, en los albores del siglo XX, intentaba hacer culminar algunas identidades de este Estado cooperativo. Eso denotó una incapacidad de la Restauración para generar una dinámica renovadora e ilusionante desde el poder público con su monarquía al frente.

A partir de la Asamblea de Ronda, de la que el próximo año celebramos su centenario, aparece la idea de un autogobierno para Andalucía lejos de la vieja y rancia España que, se decía ya, comenzaba a caducar. Los movimientos territoriales centrífugos en esta piel de toro plurinacional aparecen en los albores del s. XX y finales del XIX, precisamente por la incapacidad y falta de sensibilidad de unas élites políticas que sólo perciben la realidad desde el poder central. O lo que es peor, al amparo de la corte aristocrática de uno u otro monarca.

Es el 28 de noviembre de aquel 1918 cuando el Centro Andaluz de Sevilla, en nombre de sus homólogos, materializaba un acuerdo de la cita rondeña y registraba en el Ayuntamiento y en la Diputación hispalenses la primera solicitud de autonomía para Andalucía dirigida a «todos los municipios, representantes en Cortes, Diputaciones, entidades y asociaciones políticas, culturales, agrarias y económicas… en pie de igualdad con los pueblos de España». «La hora de la liquidación de la vieja España ha sonado ya», recogía aquel texto que fuera de los círculos andalucistas se percibió como una excentricidad burguesa. No en pocas ocasiones, la izquierda tradicional, entre la incomprensión y el desconocimiento, ha dado la espalda a las anticipaciones de un modelo descentralizado que se ha reclamado desde Andalucía y, sin embargo, en otras tantas, sí ha sido más sensibles a las reivindicaciones periféricas de determinados territorios al vincularlas a las demandas de un movimiento obrero más organizado y activo. Paradójicamente, sólo con el Frente Popular en febrero de 1936, esas percepciones parecieron unirse para el ejemplo andaluz, pero sería tarde. Al menos, para la historia nos quedó esa lección tan necesaria para la conquista del vigente estatus político que, como nacionalidad histórica, este pueblo alcanza a través del 4D y del 28F. Pero no adelantemos acontecimientos.

Con la dictadura militar del jerezano Primo de Rivera, existió un intento mancomunal regionalista para construir entre las ocho diputaciones un símil de legislativo andaluz en un Estado estéticamente descentralizado, pero el Directorio militar no dio para más que  regresivos relatos centralistas y caciquiles ya conocidos. Todo atado y bien atado, bajo mano de hierro, impregnado de incienso y con los cuestionados aires redentores que caracterizan la permanente participación de los militares en política a lo largo de la contemporaneidad.

Es a la llegada de la República cuando su Constitución de 1931 reconoce la posibilidad de constituir autogobiernos en los territorios del Estado. Una vez más en nuestra historia, los intentos por eclipsar la cuestión regional no hicieron más que excitarla. La lección de los años demuestra que esta realidad no desaparece por mucho que el poder central cierre los ojos. Seguirá ahí.

Con aquel cambio de régimen, el movimiento liderado por Blas Infante solicitará el inicio de aquel proceso ya reivindicado años antes, encontrando ahora una representación institucional más sensible ante la nueva posibilidad. Pero no todos los partidos respaldarán con igual interés dicha cuestión. La derecha reaccionaria une sus fuerzas a una izquierda tradicional que, en principio, no ve la necesidad de una autonomía por considerarla burguesa e innecesaria en la medida que apuesta más por cuestiones sociales de primera necesidad. Sin embargo, la dinámica se inicia y, curiosamente, es Marinaleda el primer ayuntamiento en apoyar dicha reivindicación política, sólo siete semanas después del 14 de abril y ante el primero de los cinco bocetos de articulado autonómico que se redactan y distribuyen.

Quede bien claro que el devenir en pro de la autonomía en tiempos de la República no fue algo exclusivo de Infante desde su casa de Coria ni limitado a los círculos nacionalistas andaluces. Más bien, representará durante el periodo una dinámica de desigual intensidad y participación, sometida siempre a los convulsos cambios de ejecutivo central e ideologías políticas. Así, aprobada la Constitución de 1931, se desarrollan asambleas preparatorias por las ocho provincias y se recaba para la causa el decidido apoyo de todos los consistorios. Entre ellos, muy especialmente el jerezano compensará con su esfuerzo el desinterés de unos diputados en Cortes más preocupados por el impacto del primer ejemplo de autogobierno que se implanta –Cataluña– y la contestación cada vez más descarada de sectores abiertamente antirepublicanos.

Aun así, del 29 al 31 de enero de 1933, la ciudad de Córdoba acoge una Asamblea Regional Andaluza, la cual, culminando el anterior proceso dinamizador provincial, concreta el tercero de los borradores estatutarios que será difundido por instituciones y fuerzas vivas del territorio para su debate. No sin antes superar organizados intentos de boicot a la cita por parte de una derecha reaccionaria que siempre reivindica las dos Andalucía para negar la existencia de tan siquiera una y la frialdad de la izquierda más jacobina.

La llegada de las fuerzas conservadoras al poder en 1933 y el inicio del ciclo conservador y contrarrevolucionario representan un intento por rectificar toda la política de realizaciones habidas durante el primer bienio y, con ella, las expectativas autonomistas quedan suspendidas. O lo que es peor, perseguidas. De hecho, en un contexto de radicalización de las posiciones políticas, la Generalitat acaba ingresando en el Penal de El Puerto de Santa María, adonde se acerca Blas Infante a hablarles del Ideal Andaluz. Sólo el movimiento andalucista y de forma limitada, al no contar ya con el apoyo de algunas instituciones, intentará mantener encendida la luz de esa demanda editando y difundiendo el texto consensuado de Córdoba y excitando un debate que consideraban no podía apagarse.

Es con la llegada del Frente Popular en febrero de 1936 cuando la descentralización territorial del Estado vuelve a reactivarse y, con ella, el oficialmente paralizado proceso andaluz desde la cita cordobesa. De nuevo, el movimiento andalucista, organizado ahora como Junta Liberalista, reclama que se retome de nuevo una dinámica a favor del autogobierno, la cual contaría ahora con el apoyo de las fuerzas de izquierda que conforman dicho frente político. La autonomía es ahora considerada como una forma de consolidar la República y profundizar en sus reformas políticas y ciudadanas.

Así las cosas, el 5 de julio de 1936 tiene lugar en la sede de la Diputación hispalense una segunda Asamblea Regional donde se retoman los acuerdos congelados de Córdoba y se elige una Comisión Promotora de Estatuto para la que se nombra a Blas Infante presidente de honor en reconocimiento a su labor de años. El nuevo órgano, síntesis de partidos de izquierda y ayuntamientos sobre todo, debía convocar para septiembre un encuentro definitivo que fijase el articulado estatutario que se trasladaría a las Cortes para su tramitación. Allí estaban también representantes jerezanos: Diego Gómez Serrano, concejal de Unión Republicana y primer teniente de alcalde, así como Antonio Chacón Ferral, jefe de la Policía Local, primer flamencólogo andalucista como lo denomina el recordado Juan de la Plata, así como activo promotor autonomista vinculado a los círculos liberalistas que, por cierto, muere fusilado días después de la insurrección militar. Todo el proceso ya, en un escenario de reconocimiento a los símbolos andaluces tal y como hoy los conocemos y se encuentran oficialmente normalizados. De hecho, el 8 de enero de 1933 es el Ayuntamiento jerezano el que iza, como otros muchos de la época, la verde y blanca del balcón principal de su Consistorio.

El proceso hacia el autogobierno se las prometía felices, pero nadie daba la espalda a la crispación y el enfrentamiento político que esconden los últimos años del periodo. Dentro de la campaña de sensibilización pro autonomista, Blas Infante acude a Cádiz, donde la citada Comisión Promotora se reúne con una representación de todos los municipios de la provincia, de forma que tras el encuentro el 12 de julio de 1936, el balcón principal de ese Cabildo acoge un nuevo izado de la enseña andaluza. Es ahí donde Infante pronuncia sus premonitorias palabras: «la bandera andaluza… que aquí hemos izado… no nos traerá la paz, ni la esperanza, ni la libertad que anhelamos si cada uno no la lleva en su corazón… tengamos cuidado, no vaya a venir un huracán y se lleve, no sólo el símbolo, sino a todos nosotros».

Un día más tarde, Infante visita Jerez, donde, después de un mitin en el Círculo Radical, pronuncia lo que es su última locución radiada en Radio Jerez, ensalzando la identidad andaluza y la posibilidad de un autogobierno político con competencias propias para resolver los problemas históricos de esta tierra (sita en Plaza de las Angustias, 11). Sin embargo, pasa lo que todos sabemos: la insubordinación militar anticonstitucional alentada desde hace años por los sectores y las élites más reaccionarias de este país. Antes que guerra civil, recordemos siempre, fue golpe militar. Ese y no otro es el orden injusto y perverso de un conflicto bélico y una represión que se prolonga más allá de la contienda armada.

La cuestión es que Andalucía no pudo consumar con normalidad su proceso a la autonomía aun cuando Galicia y País Vasco lo completan durante los años de guerra. De ahí que la Constitución de 1978, en su disposición transitoria, las reconozca junto a Cataluña como Comunidades históricas y, por lo tanto, no sometidas a la necesidad de demostrar sus aspiraciones en un referéndum imposible y con trampa. Pese a que aquella consulta de 28 de febrero de 1980 se pierde con la Ley de Referéndums en la mano que aprueban a escondidas UCD y PSOE, sólo la movilización de los andaluces y andaluzas es la que, finalmente, conquista un autogobierno de primer orden competencial político. El caso es que, con el 4 de diciembre de 1977 y el 28 de febrero de 1980, Andalucía recupera lo que la historia le había negado el 18 de julio de 1936. El aniversario de aquella fecha es un pretexto obligado para recordar todo lo que fuimos y somos. «Tras siglos de guerra… hombres de luz que a los hombres almas de hombres les dimos». Para valorar lo que vivimos y seguir construyendo futuro entre indiferentes.

 

 

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